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Ariel Gómez Muñoz

Ariel Gómez Muñoz

JUSTICIA DECLARA CONTRATOS VIGENTES PARA FUNCIONARIOS DESVINCULADOS POR ALCALDE ARAYA

Una nueva derrota judicial sufre el Alcalde de Buin, Miguel Araya, ya que la Corte Suprema le da la razón a funcionarios de la Municipalidad de Buin que habían sido exonerados en los primeros días de su gestión municipal, declarando que los cargos en los que habían sido declarados como titulares en la planta de la referida municipalidad en concurso público de finales de 2016 estaban vigentes, pese a que el Alcalde había invalidado sus nombramientos.

Una de las primeras medidas adoptadas por Araya en diciembre de 2016 fue iniciar un proceso administrativo para despedir a 16 funcionarios que habían ganado un concurso público convocado por el Alcalde Ángel Bozán. Su “pecado” era haber participado del certamen convocado por su predecesor.  Para sustentar la invalidación del concurso público invocaron una serie de supuestos vicios administrativos.

Frente a esta medida, 10 funcionarios presentaron recursos de protección en contra del Alcalde Araya y de la Municipalidad de Buin, los que fueron fallados en la causa rol 81-2017 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que dio la razón a esos funcionarios, declarando que la invalidación decretada por Araya no se ajustaba a Derecho, y que era ilegal y además arbitraria, declarando de manera expresa que la invalidación quedaba sin efecto, recobrando plena validez y vigencia el Decreto Alcaldicio que había nombrado a los funcionarios afectados, ordenando la reincorporación de todos los nombrados en el concurso a sus cargos, cuestión que fue confirmada por la Corte Suprema.

En agosto de 2017 fueron reincorporados 9 de los 10 funcionarios, ya que uno falleció en el curso del proceso judicial. En el mismo de agosto, 5 de los funcionarios que no habían presentado recurso de protección solicitaron ser reincorporados en calidad de titulares a sus funciones municipales, lo que fue rechazado por la Municipalidad argumentando que la sentencia no se refería a ellos.

En mayo de 2019 la Municipalidad llamó a concurso público para proveer varios cargos de la planta municipal, entre ellos, los 5 de los funcionarios que habían solicitado su reincorporación a la Municipalidad, a los que la gestión de Araya les negó reiteradamente dicha reincorporación, ello llevó a 3 de los afectados a presentar un nuevo recurso de protección, que si bien fue rechazado en la Corte de San Miguel fue acogido por la Corte Suprema, máximo tribunal de la República, por sentencia unánime del 10 de agosto, en el que declara que la sentencia del Recurso de Protección Rol 81-2017 de San Miguel se refería a todos los funcionarios que habían sido nombrados como titulares en 2016, no sólo a los que presentaron recurso de protección en 2017, por lo mismo, los nombramientos de los 3 funcionarios que recurrieron de protección en esta oportunidad se encontraban vigentes, sin que hubiesen cesado en sus cargos por alguna causal legal, por lo tanto los cargos no se encuentran vacantes y no resulta procedente llamar a concurso para proveerlos.

Según informaron los tres funcionarios que presentaron el último recurso de protección contra la Municipalidad e Buin y el Alcalde Araya, informaron que hoy concurrieron a la Municipalidad de Buin, donde fueron atendidos por el Administrador Municipal y el Alcalde Araya, quienes les manifestaron que acatarían lo señalado por la justicia y que se reincorporarán a sus cargos municipales como titulares de los mismos.

Si bien los funcionarios se reincorporarán, cabe preguntarse quién se hará cargo de los problemas, dificultades, angustias y problemas que debieron sufrir durante estos años por el actuar arbitrario e ilegal del Alcalde de Buin.

Sofía y Joaquín vuelven a casa

"De esta manera se pone término a 80 días de internación que más bien parecía una condena adelantada por hechos que aún no están asentados en la investigación".

Después de 80 días de internación provisoria, decretada en centros del SENAME por el Juzgado de Garantía de San Bernardo, mientras dura la investigación del supuesto delito cometido el 4 de noviembre del año pasado en la Municipalidad de Buin, los adolescentes Joaquín Cáceres y Sofía Arévalo podrán volver a sus casas con arresto domiciliario.

En esta jornada la Corte de Apelaciones de San Miguel, por medio de sentencia dictada por su quinta sala, revocó la medida de internación provisoria por el supuesto delito antes mencionado, en calidad de coautores. En la ocasión, las abogadas de los adolescentes, Marlene Quintanilla y Alejandra Navarrete, expusieron los argumentos y las razones por las cuales debía ser revocada la medida.

La Corte de Apelaciones, además tuvo en consideración un informe de la Defensora de la Niñez, en el cual se explican los criterios jurídicos nacionales e internacionales, sobre Derechos Humanos y el respeto por los Derechos de los Niños, en virtud de los cuales debían considerarse las medidas cautelares de los adolescentes investigados en esta causa.

De esta manera se pone término a 80 días de internación que más bien parecía una condena adelantada por hechos que aún no están asentados en la investigación. La defensa de los adolescente sostiene que en este caso no ha existido delito de incendio, toda vez que si bien hubo un fuego que afectó parcialmente a la puerta de la municipalidad durante las protestas del 4 de noviembre de 2019, dicho fuego no tiene ni reúne las condiciones para calificarlo como incendio, además no ocasionó daños materiales a la municipalidad, tampoco resultó incontrolable, ya que una persona que salió de la municipalidad y simplemente lo apagó con una manguera.

Las defensas están convencidas de que los adolescentes no tuvieron participación en el delito impugnando, puesto que las imágenes tomadas por cámaras de seguridad, dan cuenta de que Sofía no participó en prender fuego, así como Joaquín, quién en un acto de protesta dejó una bolsa de basura a la entrada de la municipalidad, de las mismas imágenes consta fehacientemente que son otras personas las que lanzan un líquido acelerante y prenden fuego a una serie de bolsas que había sido depositadas en la puerta de la municipalidad.

Con esta medida los adolescentes vuelven a casa donde deberán cumplir la medida de arresto domiciliario y se debe esperar que venza el plazo de 100 días de investigación, lo cual será durante febrero, esperando a que el ministerio público presente la acusación por el supuesto delito.

Cabe destacar el rol cumplido por la Defensoría de la Niñez, en el informe acompañado a la causa, así como el también el de la diputada Marisela Santibañez, la dirigente del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena y el abogado Ariel Gómez, quien participó en reuniones donde se expuso el caso a la Defensoría de la Niñez.

Las familias extienden un profundo y emotivo saludos de agradecimiento a quienes han contribuido para que Sofía y Joaquín hayan dado un paso significativo a la tan anhelada libertad.

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